Gotemburgo, 9 de julio 2008
El Consejo Consultivo Uruguayo de Gotemburgo, dando
respuesta a la circular nr. 057 del Ministerio de Relaciones Exteriores (DGCV8)
sobre "La reglamentación normativa respecto al funcionamiento de los
Consejos Consultivos", decide expresar las siguientes consideraciones:
1. Que considera importante la
reglamentación referida, pero entiende que la actual instancia de consulta a
los Consejos Consultivos por parte del D20 no puede ser la única. Una vez que
el D20 haya elaborado un proyecto de reglamentación, el mismo debería ser
remitido a todos los Consejos Consultivos para su discusión, estableciéndose un
plazo razonable para que éstos puedan elevar propuestas modificatorias, etc.,
que contemple el carácter democrático y representativo de dichas
organizaciones.
2. Que una reglamentación realista de los
Consejos Consultivos debería limitarse a establecer el marco democrático
necesario para la organización y el funcionamiento de los mismos, sin pretender
normalizar particularidades que sólo pueden ser determinadas a nivel local, es
decir, teniendo en cuenta, en primer lugar, el contexto legal específico de
cada país de residencia.
3. Que entiende necesario que se incorpore
a la reglamentación referida el principio de independencia de los Consejos
Consultivos de toda organización estatal, política o religiosa, reafirmando su
carácter de organizaciones representativas de los intereses de las diversas
colectividades uruguayas en el exterior, principio que, inicialmente formulado
por el Ministerio de Relaciones Exteriores, inspiró y motivó la organización de
los actuales Consejos Consultivos del mundo.
4. Que, ligado al punto anterior, debe
reconocerse la independencia de los Consejos Consultivos para definir sus
prioridades de trabajo y sus programas de acción dentro del marco general de
principios democráticos que aporte la reglamentación referida.
5. Que considera como fundamental que la
reglamentación de la ley de Migración normalice el carácter representativo de
los Consejos Consultivos, reconociéndoles el derecho a participar como
interlocutores válidos y necesarios en todo diálogo que trate temas referidos a
su organización y funcionamiento.